Josep Martí Font | 17/02/2011
En contra de la percepción general, la cuantía de funcionarios públicos en Cataluña es una de las menores del estado. Esto es, 1 funcionario por cada 24,7 habitantes. A su vez, podemos afirmar que  España es uno de los países de Europa con una “adecuada” relación  entre la cuantía de funcionarios y su población ( 18 habitantes por cada funcionario).
Los excesos, por tanto, no residen en el número de funcionarios de Cataluña. Debemos comparar los ratios  catalanes con  los de estructuras públicas tan optimizadas como las de Austria, o las del Reino Unido, para ver en la Europa rica una relación de habitantes por funcionario similar a la catalana.  
La percepción general de la población sobre los servicios públicos, en ocasiones, no es justa.  Por poner unos ejemplos: Los profesores deben atender unos 100 alumnos diariamente y los médicos de los CAP, en ocasiones, cerca del centenar de pacientes. No se pueden hacer milagros sobrecargando los recursos humanos disponibles, sin incurrir en una posible rebaja de la calidad docente o asistencial. Y todos  queremos calidad…  y más para nuestros hijos.
El principal problema del gasto público no reside, por tanto, en  los funcionarios; sino en las entidades públicas que dependen de los  presupuestos de las diversas Administraciones del Estado.
La Cambra de Comerç, en una reciente comunicación, ha denunciado la duplicación del número de entidades que están incluidas en el presupuesto de la Generalitat. Unas 224 entidades dependieron de ella durante el año 2010; frente a las 108 del año 2006. Estas entidades son tan costosas como la administración propiamente dicha. Representan, en cuanto a costes, toda una administración paralela. Ocupan al 42% del personal de la Generalitat -112.000 empleados  de entidades públicas- y representan el 56% del coste total – 22.300 millones de euros- .
El gasto de personal de estas entidades ha aumentado un 70% en esta última legislatura. También han aumentado en un 52% los suministros, en un 269% el capítulo de los alquileres a pagar y las publicaciones, en un nada despreciable, 196%.
Dicho de otra forma, parece que el verdadero ahorro  producido hasta ahora, se ha realizado a costa de los servicios básicos. Los funcionarios no tenemos los medios de algunas de las entidades públicas. Nuestros servicios se aguantan con “ una sabata i una espardenya”. Ello se puede justificar con datos de la propia comunicación de la Cambra de Comerç: El 58% de los empleados de la Generalitat -los 155.000  funcionarios de carrera e interinos- sólo requieren  el 44% del gasto de ésta -17.400 millones de euros-.
Los números no engañan. Parecería una opción más social el apostar por la modernización de la administración y por  dotar, con más recursos humanos, aquellos servicios públicos que lo requieran. No caigamos en la demagogia de ahorrar ,donde ya no se puede, sino queremos reducir la calidad de los servicios básicos ( seguridad, sanidad, educación…).
Parece que los datos indican que se debería recortar el gasto público en aquellas entidades ajenas a los servicios públicos básicos y que están incluidas en los presupuestos de la Generalitat, o de los ayuntamientos, por motivos ajenos al interés general (extrañas fundaciones, sorprendentes empresas públicas etc).